Jueves, 22 de septiembre de 2022
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Ante la urgencia por atajar el cambio climático y las consecuencias que este tiene sobre la vida humana, desde las instituciones internacionales se insta a que empresas, instituciones y ciudadanos, tomen medidas no solo desde un punto ecologista, sino también humanitario
Por Pablo Suárez
Hoy no es el día del medio ambiente y, sin embargo, todos los días lo es, ya que el planeta se enfrenta una situación de todo o nada. Un esfuerzo que lleva décadas planteado tanto por la propia sociedad como por sus instituciones, pero que no ha sido hasta hace pocos años cuando ha comenzado a implementarse de una forma eficiente; a través de medidas tangibles que reducen las emisiones contaminantes a la atmósfera para frenar el calentamiento global.
Es precisamente esa llamada a la acción –y su cristalización en acciones reales– la que a lo largo de los años ha ido tomando diferentes cuerpos y motivaciones, todas ellas enfocadas a evidenciar la relevancia del problema. La última de esas reclamas tiene un cariz humano, el de los derechos intrínsecos a la vida entre los cuales está, como no puede ser de otra manera, la existencia digna. Es ahí, donde desde las más altas instituciones se ha comenzado a instar a los Gobiernos a tomar medida, ya no solo desde el punto de vista ambientalista: “Las consecuencias para el ser humano de los niveles de calentamiento global proyectados son catastróficas”, afirmó hace tres años Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su declaración de apertura del 42º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Unas declaraciones que, lejos de la exageración, hoy se saben más certeras que nunca gracias a los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
El esfuerzo colectivo
¿Son solo los Gobiernos aquellos sobre los que recae la responsabilidad de atajar esta situación y proteger a la sociedad en su conjunto? La respuesta es sencilla: no. Los Estados tienen la obligación de mitigar los efectos nocivos del cambio climático, proponiendo y aprobando las medidas más ambiciosas posibles de cara a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el menor tiempo posible. En este sentido, son los países con mayor capital los que cuentan con más facilidades para fijar la ruta global tanto dentro de sus propias fronteras como hacia el exterior, especialmente a través de su influencia en otros territorios más desfavorecidos. Unas medidas de reducción de la contaminación que también deben ir acompañadas de sistemas legislativos que permitan proteger a aquellas personas más afectadas por el cambio climático, evitando así que se resientan sus derechos humanos. Es el caso de lo que ha ocurrido recientemente con los fondos de recuperación puestos en marcha por la Unión Europea y de los cuales hasta un 30% deben ser destinados para la lucha contra el cambio climático. Una lucha que, en Europa, pese al inestable contexto actual, parece haberse cristalizado y asentado a través de la Agenda 2030.
Sin embargo, es también labor de las empresas y de los propios ciudadanos combatir la situación desde sus responsabilidades. En el caso de las compañías privadas, en los últimos años son muchas las que han comenzado a evaluar los posibles efectos de sus actividades y han comenzado a adoptar medidas para evitar las repercusiones negativas. En este sentido, desde el tejido empresarial, especialmente aquel relativo a los combustibles fósiles, se han ido adoptando medidas para minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero de forma inmediata. Prueba de ello es que, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en 2020, las emisiones de CO2 descendieron por primera vez por debajo del nivel de 1990.
Si lo llevamos a un aspecto más concreto, en el campo empresarial, encontramos la iniciativa The Climate Pledge, impulsada por Amazon y la ONG Global Optimism, en el que las compañías participantes se comprometen a lograr la neutralidad en carbono diez años antes del Acuerdo de París, que fija como fecha tope 2050. Entre las 376 empresas firmantes, procedentes de 54 sectores y 34 países, se encuentran gigantes como Microsoft, Acciona, Telefónica, Virgin-O2, Salesforce, HP, Coca-Cola, Accenture o Mahou San Miguel.
Dentro del sector energético, un ejemplo es Cepsa están haciendo importantes inversiones en el impulso y desarrollo de soluciones energéticas sostenibles, como el hidrógeno verde o los biocombustibles, entre otros, para garantizar la ‘positividad’ climática (contribuir favorablemente al medio ambiente) en 2050. Así, en 2030, la compañía pretende reducir sus emisiones de CO2 en un 55% respecto a 2019, y la intensidad de carbono de sus productos, entre un 15 y un 20%. Todo ello, según apuntan, con el objetivo “de alcanzar cero emisiones netas en 2050 e ir más allá, contribuyendo positivamente (Net Positive)”.
No son los únicos actores: cada uno de los ciudadanos también es, en cierta medida, responsable de que se respeten sus derechos y de abogar por una línea que ataje, desde la pequeña parcela, las consecuencias de un proceso que urge detener.
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