Miércoles, 12 de febrero de 2025
El ejercicio 2025 parece un instante adecuado para reflexionar y hacer balance sobre los avances y retos en la lucha contra el cambio climático. Entre otras razones, por ser un punto crucial en la encrucijada de derroteros por la que transita la neutralidad energética.
El año en curso conmemora, por un lado, los 30 años de cumbres climáticas -COP o Conferencias de las Partes-, impulsadas por Naciones Unidas tras su proclamación oficial de que los gases de efecto invernadero suponen una emergencia mundial. Iniciaron su andadura tres años después, en Berlín (1995). Algunas de ellas, han sido emblemáticas, como la de Kyoto -la 3, (1997)- en la que se cinceló su famoso protocolo por el que los países se comprometieron a supervisar sus esfuerzos para recortar emisiones de CO2. Otras, trascendentales, como la de 2015 en la capital francesa -la 21-que concluye en los Acuerdos de París que fijaron el límite de incremento de la temperatura global a 2 grados centígrados respecto al promedio previo a la era industrial.
Pero, por otro, sitúa a un lustro vista la primera gran meta volante para descarbonizar el planeta en 2050, la que establece el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 13 parisino, donde se exige que las emisiones globales de CO2 se sitúen un 45% por debajo de los niveles de 2010. Meta que Europa ha cargado de mayor dosis de ambición al obligar a sus socios a rebajar un 55% sus gases contaminantes, en cumplimiento de sus EU Fit For 55 Rules.
El examen parcial, sin embargo, deja una nota de insuficiente. La última vez que los expertos del Boletín de Científicos Atómicos pusieron en hora el reloj del fin del mundo la humanidad se situó a 90 segundos del apocalipsis, el punto más próximo a la medianoche -la penumbra terráquea- desde que el Doomsday Clock echó a rodar en 1947. Pero hay más señales de alerta. El servicio Copernicus confirmó que 2024 fue el año más cálido de la historia y el primero en sobrepasar el límite de 1,5 grados, la versión más exigente del panel de expertos en Cambio Climático (IPCC) de la ONU y que suscribieron todos los países del planeta en 2018 para acelerar la neutralidad energética en el ecuador del siglo.
Pese a estas evidencias científicas, el debate por acelerar la transición energética parece verse sometidoa revisión en 2025. La Administración Trump ha vuelto a sacar a EE. UU. de los Acuerdos de París y manifiesta su deseo de ralentizar la descarbonización justo cuando las renovables empiezan a ser más baratas y pese a que las dos últimas COP -la 28, en Dubái y 29, en Bakú- dejaron algunos avances. La primera, al firmar la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y la segunda, al proclamar el apoyo financiero de las potencias industrializadas -de 300.000 millones de dólares anuales hasta 2035- a las agendas verdes de países en desarrollo. No es un cheque próximo al billón de dólares que se negoció para 2025, ni los 2,4 billones para 2030, pero es un paso necesario.
La geopolítica añade riesgos medioambientales
En el orden mundial se avecinan eventos trascendentales. Los cálculos privados sobre la factura anual de la transición energética global oscilan entre los 3 y los 12 billones, reconoce The Economist, que aclara que la segunda predicción es desmesurada e incide en que la transición energética es “mucho más barata” de los que se piensa por un boom tecnológico que el mercado “infraestima”, mientras “sobredimensiona la demanda de energía” del planeta. En 2024 -aduce la AIE- se invirtieron 3 billones de dólares, el 3% del PIB mundial, en energías sostenibles y casi tres cuartas partes procedentes del sector privado.
Por si fuera poco, las inversiones con criterios ESG tienen visos de sufrir recesos tras la parálisis del bienio 2022-23, en el que se estancaron en los 31 billones de dólares. Ante esta tesitura, las tres mayores potencias económicas podrían sufrir asimetrías.
China inicia 2025 como dominador de la tecnología, cadenas de valor y capacidad comercial de vehículos eléctricos. Es su gran aval de transición energética, como lo demuestran los vetos de Washington y Bruselas a su poderío exportador. En un mercado global propicio, en el que 9 de cada 10 países apuestan por sus vehículos eléctricos, la práctica totalidad están fabricados con motores y baterías made in China.
“La integración a gran escala de este segmento productivo en la economía del gigante asiático sienta un precedente de descarbonización industrial en el sector del transporte” y un estímulo hacia la “movilidad sostenible”, suscribe la editorial científica Frontiers. En 2024, las ventas de vehículos eléctricos superaron los 10,97 millones de vehículos, según China Passenger Car Association (CPCA), un 41,6% más que en 2023, y su peso exportador aumentó un 1.016% entre 2018 y 2023, en el que vendieron 1,6 millones de vehículos. Aunque el último trimestre de 2024 mostró síntomas de agotamiento.
Entretanto, los primeros decretos ejecutivos de Trump dejan claro su respaldo a los fósiles. “Tenemos la mayor cantidad de petróleo y gas que cualquier otra nación y la vamos a utilizar”, para reducir a la mitad el coste de la energía estadounidense en un año. Este viraje amenaza con interrumpir los 100 millones de dólares de ayudas directas de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) del Ejecutivo Biden, los 207 millones destinados a proyectos sostenibles y fertilizantes ecológicos de sus agricultores o los 31.400 millones de créditos fiscales para fomentar las energías eólica y solar en 2024, dentro de los 421.000 millones que la IRA contemplaba entre 2025-2034.
Europa, por su parte, trabaja para inculcar en su road map verde las recomendaciones del Informe Draghi. Para el ex presidente del BCE, la transición es un nicho de oportunidades que exige sincronizar todas sus políticas de la UE con sus objetivos climáticos y alinearlos con los múltiples planes de descarbonización y con los avances de competitividad que se deben instaurar para preservar la seguridad del mercado interior y bajar la factura energética europea hasta tasas que le permitan competir son EE. UU. y China.
En principio, con el beneplácito de la ciudadanía, ya que un 94% apoya medidas que impulsen la lucha contra el cambio climático, como revela una encuesta del BEI. “El salto hacia la descarbonización transcurrió por el camino correcto en 2024, pero es necesario acelerarlo para alcanzar emisiones netas cero en 2050” alerta el Observatorio Europeo de Neutralidad Climática, que insta a la UE a “tomar iniciativas que creen condiciones propicias para la transición cuando sea necesario, se alineen con los Fit 55 y cierren la brecha inversora en tecnología”.
ING cifra las necesidades de capital de las utilities en Europa en 160.000 millones de euros este ejercicio para desacoplar la generación eléctrica renovable de sus componentes fósiles, dentro de un clima inversor que el BCE reconoce que está supeditado a la carestía energética, como se jacta Draghi: “las empresas con uso intensivo experimentan márgenes de ganancia bajos, incluso cuando los precios han caído desde sus niveles máximos”. Es decir, déficit de competitividad. A pesar del boom inversor de 2023 en renovables -de 110.000 millones-, en un ejercicio marcado por el cierre de la espita de petróleo y gas rusos.
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