Martes, 20 de diciembre de 2022
Crecimos con la frase que pronunciaban los tres mosqueteros como ejemplo de honor, lealtad y trabajo en equipo. El ‘Todos para uno y uno para todos’ nos ha valido siempre en el día a día, pero más aún en los momentos decisivos o urgentes. Tan urgentes como lograr la neutralidad climática: qué mejor escenario para aplicar el lema escrito por Dumas, ya que la colaboración internacional es clave para cumplir ese elevado objetivo. Un ‘Todos para uno y uno para todos’ en aumentar la inversión, en plantear rigurosos objetivos a corto y medio plazo y, sobre todo, en coordinación entre gobiernos, empresas y sociedad civil.
El informe 'Breakthrough Agenda Report 2022' de la IEA, IRENA y la ONU identifica las prioridades que debe abordar la acción colectiva en cinco sectores productivos estratégicos para acelerar la transición hacia ese mundo cero emisiones. Estos son los cinco sectores clave que han de trabajar en pos de la descarbonización de la economía, al menos en un 55 % para 2030 y en su totalidad para 2050, según las agendas europeas.
El sector eléctrico representa alrededor del 23% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, una cifra que ha aumentado un 10% desde 2010. Las emisiones deberían reducirse un 8% cada año en este sector de aquí a 2030. Para ello, se estima que las inversiones anuales deben crecer un 25% cada año hasta 2030, con el objetivo de alcanzar los 2 billones de dólares, dentro de los cuales 1 billón se destinará a energías renovables.
Al mismo tiempo, el informe apela a la necesidad potenciar el apoyo internacional a los países en desarrollo y el intercambio de mejores prácticas entre todos los países sobre los desafíos socioeconómicos de la transición, como la integración de energías limpias de bajo coste o la mejora de las soluciones de flexibilidad del sistema energético, como el almacenamiento a largo plazo. Esta demanda ha sido uno de los temas centrales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) celebrada el pasado noviembre en Sharm el Sheij, Egipto. Los estados miembros acordaron la creación de un fondo específico para ‘pérdidas y daños’, destinado a aportar financiación a los países más vulnerables al cambio climático. Los gobiernos también establecieron un ‘Comité de transición’, para aportar consejos y recomendaciones de cara a poner en marcha nuevos acuerdos de financiación para 2023. Asimismo, se cerraron los acuerdos para impulsar la ‘Red de Santiago para pérdidas y daños’, que canalizará la asistencia técnica a países en desarrollo más vulnerables; y establecieron el Plan de implementación de Sharm el Sheij, que estima que será necesario invertir entre cuatro y seis billones al año para alcanzar una economía baja en emisiones de carbono a nivel global.
Se estima que la inversión en hidrógeno debería estar entre los 60 000 millones a los 130 000 millones de dólares hasta 2030.
Para aumentar la disponibilidad y asequibilidad del hidrógeno renovable y bajo en carbono, la prioridad inmediata es que los países y las empresas trabajen juntos para crear mercados más grandes para su despliegue y comercio. Tanto países como empresas deberían, según este informe, coordinar medidas para alejarse de la producción basada en combustibles fósiles y compartir las mejores prácticas en el despliegue de nuevas aplicaciones para el hidrógeno.
Estas recomendaciones deberían estar ligadas a sectores como la movilidad de vehículos pesados; el sector del almacenamiento energético; los usos industriales, como la fabricación de amoníaco y fertilizantes, o el transporte marítimo. Así, según los expertos, será necesario aumentar la inversión en investigación y producción del hidrógeno a cifras que rondarán desde los 60 000 millones a los 130 000 millones de dólares hasta 2030.
El sector del transporte por carretera genera alrededor del 10% de las emisiones totales y ha aumentado casi un 30% en los últimos 30 años, según la Agencia Europea de Medio Ambiente: la hoja de ruta europea marca una caída de casi un tercio de estas para 2030. Según el informe 'Breakthrough Agenda Report 2022’, también se deberá aumentar las ventas de vehículos cero emisiones. En 2021, eran del 9%. Para 2030, debemos alcanzar el 60% y para ello será necesario multiplicar por 10 la infraestructura de recarga pública.
Las emisiones de coches y vehículos pesados han crecido en las últimas décadas, principalmente a causa del aumento de la demanda de transporte, y su contribución a las emisiones totales de gases de efecto invernadero provenientes de la actividad humana en la UE es del 4,5%. Si bien los vehículos han aumentado en eficiencia y generan menos emisiones por kilómetro, esto no es aún suficiente para compensar ese creciente nivel de actividad.
El transporte de carga por carretera es estratégico para el desarrollo económico mundial porque es esencial en la cadena de suministro. No obstante, para frenar sus emisiones, una de las soluciones pasa, según la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), por renovar la flota: un motor de un vehículo pesado, bajo la normativa de contaminación Euro 2 (15 años de vida), supone un 95 % más de vertido de gases a la atmósfera que aquellos modelos Euro 6 que se comercializan en la actualidad. Según una encuesta reciente de ASTIC, actualmente las empresas se encuentran con dificultades para renovar las flotas de camiones, con plazos de entrega que superan el año y precios hasta un 50% más caros que en 2020.
Las emisiones ocasionadas por la fabricación de acero han aumentado alrededor de un 15% en la última década y hoy suponen el 5% de las emisiones totales. La industria siderúrgica es uno de los sectores que menos ha avanzado en este camino. Las tecnologías necesarias son aún pruebas piloto; las plantas eficientes en cuanto a emisiones están actualmente solo en fase de ejecución o en etapa de planificación. Así, el sector del acero debe reducir las emisiones en su producción al menos un 30% para 2030.
Los pequeños agricultores producen alrededor del 30% de la producción mundial de alimentos. La agricultura y el uso de la tierra relacionado representan alrededor del 17% de las emisiones totales. En los próximos años, será necesario reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de esta actividad y que se detenga la expansión agrícola. Las políticas para ayudarlos deben orientarse a promover la innovación tecnológica, mejorar el acceso a la financiación de pequeños agricultores, reducir emisiones y aumentar la productividad.
Una de las alternativas que mejora la labor de los agricultores y, al mismo tiempo, colabora en la lucha contra el cambio climático es la energía agrovoltaica. Esta técnica permite un uso más racional y eficiente de los terrenos en los que se instalan plantas fotovoltaicas, pues los módulos influyen en los niveles de sol, temperatura, viento y humedad, favoreciendo el crecimiento de determinados cultivos en la tierra que se encuentra a la sombra de las placas. Además, las prácticas agrícolas que conviven con plantas fotovoltaicas pueden utilizar sistemas de riego con uso de agua reducida o energía solar para su actividad, contribuyendo a reducir su huella de carbono.
Algunas compañías como Cepsa apuestan por la colaboración con agricultores locales para contribuir a una actividad agrícola sostenible, al mismo tiempo que producen energía limpia. A través del proyecto ‘Sumamos Energías’, trabajan mano a mano con los ayuntamientos para integrar nuestras instalaciones renovables en el entorno, involucrando a los ciudadanos para impulsar el desarrollo socioeconómico de la región y poniendo en marcha medidas de protección ambiental y de la biodiversidad para minimizar el impacto en la naturaleza.¿Te ha parecido interesante?