Invertir en sostenibilidad es posible (y rentable)

La transformación de la economía global hacia la neutralidad energética requiere 9,2 billones de dólares al año de inversiones en activos físicos y protección de espacios naturales. La cifra eleva la factura climática en 3,5 billones por año respecto a 2020 y revela que el desafío de certificar unas emisiones netas cero de CO2 en 2050 equivale a la mitad de los beneficios empresariales, o si lo miramos en términos de producción, a gastos similares al 6,8% del PIB mundial actual.

Por Ignacio J. Domingo

Es el momento del arrojo financiero y de las armas de inversión masivas dirigidas a certificar la rebaja del 45% de las emisiones de CO2 en 2030 -el 55% en la hoja de ruta más ambiciosa de la UE- porque la premisa de que a mayor calentamiento global más cuantiosa será la factura del combate contra el cambio climático es del todo cierta, según un estudio del McKinsey Global Institute que pone cifras a los esfuerzos inversores que exige el cumplimiento del principal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).      

La transición neta cero es un proceso de alternancia de costes y beneficios en el que gobiernos y empresas “deben reforzar constantemente sus acciones contra la crisis climática”, recalca el informe. “Están -admite- en la senda correcta” pero sus avances “son insuficientes para frenar o retrasar el calentamiento global”. Por este motivo, incide en el “reforzamiento de las carteras de capital con más activos sostenibles”, en que se incrementen las inversiones que aceleren la neutralidad energética y en sumar recursos tanto humanos -para expandir la fuerza laboral a los proyectos verdes, como financieros, que avalen las estrategias de descarbonización del sector privado, y tecnológicos, con su contribución a la supresión de las huellas productivas de CO2.

La reactivación de estos road maps demanda “reajustes inversores significativos que conviertan los planes corporativos en universales e involucren en sus itinerarios a sectores y comunidades sociales”. De forma constante, con objeto de configurar un super-ciclo de negocios “próspero y sostenible”. 

El think tank de McKinsey coincide con el cálculo predictivo del Network for Greening Financial System (NGFS), elenco de 83 bancos centrales que aconseja potenciar las inversiones verdes con criterios ESG y acometer un viraje económico ordenado hacia la neutralidad energética. Como el que contempla la estrategia Positive Motion de Cepsa de extender el vencimiento de su línea de crédito sindicada de 2.000 millones de euros a cinco años -a finales de 2022- y vincularla, por primera vez, a indicadores sostenibles como la reducción de emisiones de CO2 o la diversidad de género. 

En opinión de Carmen de Pablo, directora financiera de la compañía, la conversión verde de este préstamo “muestra la determinación por transformar nuestros negocios y responder al reto del net zero”. Cepsa -asegura- “continuará alineando su estrategia de financiación a los objetivos de sostenibilidad para acompañar la ejecución de los proyectos de transición energética”.

El tríptico finanzas-tecnología-negocios verdes no será barato, pero resulta asumible. McKinsey valora el cheque de la desaparición de la huella de carbono en 9,2 billones de dólares anuales -el valor conjunto de las economías de Alemania y Japón-, lo que supone una plusvalía de 3,5 billones -el tamaño del PIB de India- respecto a la factura de 2020. 

Además, será asequible. Siguiendo con las comparativas de McKinsey, la plusvalía anual surgida desde la Gran Pandemia equivaldría a la mitad de los beneficios corporativos, la cuarta parte de los ingresos impositivos o el 7% del negocio inmobiliario mundial de 2020. De nuevo, gastos manejables, equivalentes al 6,8% del PIB mundial actual y del 8,8% el pronosticado para el lustro 2026 y 2030, año -este último- en el que comenzarían a descender.  

A este pasivo contable se añaden, sin embargo, nuevas rentabilidades financieras, del lado de los activos, que auguran atractivo inversor. Porque la tasa de retorno será mayúscula. Pese a que las exigencias de gastos y de financiación no han alcanzado aún la velocidad de crucero deseable y de los elevados riesgos geopolíticos -la segunda incógnita a despejar-, el salto tecnológico que tiene a la Inteligencia Artificial (IA) como estandarte “reducirá los gastos más rápidamente de lo previsto”.  

El estudio predictivo de McKinsey reconoce que la factura eléctrica aumentará a corto y medio plazo -en torno al 25% entre 2020 y 2040-, pero caerá desde entonces hasta situarse un 20% por debajo de las tarifas de 2020 por los menores costes operativos de las renovables, la flexibilidad productiva del sector y el abaratamiento del servicio de esta utility. Aunque su propagación por las distintas latitudes del planeta no será uniforme. 

En el ámbito laboral el recorrido sería similar. El tránsito hacia las fuentes limpias destruirá 185 millones de puestos laborales directos e indirectos hasta 2050; sobre todo, de la industria fósil. Pero creará 200 millones de empleos en segmentos productivos vinculados al hidrógeno, a las fuentes solar y eólica o a los biocombustibles y por la reasignación de recursos humanos de las reconversiones industriales a gran escala; esencialmente, las de la automoción, el transporte o la construcción, que abordarán recolocaciones y sumarán decenas de millones de puestos, con independencia de los que impulsará en sus empresas auxiliares y proveedores. 

La economía del hidrógeno es un buen botón de muestra. Cepsa y ManpowerGroup han lanzado un estudio predictivo en el que se deja constancia de que las moléculas verdes están marcando los pasos de una inminente revolución del empleo en Europa y Reino Unido. En concreto, en su segmento de actividad se crearán entre 1,7 y 2 millones de nuevos empleos directos, indirectos e inducidos, a razón de 101.000 por año, y se añadirán 145.000 millones de euros al PIB del área monetaria europea en 2040 en comparación a su valor registrado en 2023, a un promedio anual de 8.500 millones adicionales. 

En España, el negocio del hidrógeno aportaría 15.600 millones de euros más al tamaño actual de la cuarta economía del euro, lo que supone un incremento del 1% respecto a 2022, y sería el socio con mayor poder de generación de empleo entre 2030 y 2040. También lideraría el empleo europeo que demanda habilidades Green Skills, con un 55,4% de competencias verdes exigidas en sus ofertas laborales.   

En paralelo, y según el NGFS Net Zero 2050, el carbón desaparecerá de la mayoría de los mix energéticos antes de 2050 y el volumen de crudo y gas retrocederá entre un 55% y un 70%. 

Todo ello en un contexto en el que la demanda eléctrica se duplicará con creces y en el que las naciones en desarrollo tendrían unas necesidades de inversión 1,5 veces superiores a las de las potencias industrializadas en términos de PIB. Aunque estos mercados de rentas medias y bajas “serían más propensos a acelerar la transición y acometer los gastos de capital” y, por tanto, abandonar las infraestructuras que transportan energías fósiles, a contratar mano de obra con habilidades cualificadas o a adoptar recursos tecnológicos. 

El sector privado ha recogido este testigo reformista. Así lo constatan en Oliver Wyman a través de una encuesta sobre el grado de concienciación verde de las empresas. El 31% de ellas admite que la inacción en sus procesos de descarbonización les creará en 2030 una amenaza existencial de primer orden. Frente al 6% actual. Dentro de un ecosistema que reclama cambios de calado y estructurales; especialmente, tras la Gran Pandemia, y pese a que reconocen que sus negocios verdes están integrados en un 55% en sus proyectos de inversión prioritarios.  

En el ámbito financiero, los expertos de Boston Consulting Group (BCG) vislumbran un teatro de operaciones similar. “La resiliencia de las empresas ante los riesgos climáticos se ha hecho más fiable con la implantación de herramientas para minimizar la exposición de sus activos frente a inclemencias meteorológicas o desastres naturales, mecanismos de cuantificación de costes por inacción o instrumentos de protección frente a pérdidas”. Y, aunque tan solo han identificado el 25% de los riesgos físicos y de la materialidad de sus finanzas “están en el camino correcto” para abordar los 18 billones de dólares en los que BCG evalúa la brecha de capital que separa aún los objetivos climáticos de las inversiones que se precisan para acompasar en 2030 los avances en sostenibilidad con el reto net zero de 2050. 

Sin embargo, este tránsito hacia la sostenibilidad y su poder inclusivo en el reparto de riqueza no será posible sin la contribución de la sociedad. Los consumidores serán determinantes en la lucha contra el cambio climático. Afortunadamente, cada vez son más los que muestran su firme  predisposición a pagar una prima ecológica al adquirir sus bienes y servicios personales.

Ignacio J. Domingo ha dedicado gran parte de sus 30 años de ejercicio profesional a analizar asuntos de geopolítica, de economía internacional y de mercados de capitales en el diario Expansión y a colaborar en medios como El Confidencial; Capital, Estrategias de Inversión o El Diario.es, entre otros. Ha recibido el galardón de primer finalista del Premio Citigroup que reconoce las mejores informaciones económicas anuales.